Cada cierto tiempo se anuncia que el vertedero Cateura está al borde de su capacidad física de seguir recibiendo desechos sin comprometer gravemente la contaminación ambiental. Los anuncios municipales de disponer su clausura datan de al menos dos décadas. Pero en vez de eso, lo convirtieron en un negocio, permitiendo que ciudades vecinas también arrojen allí sus desperdicios, a cambio de un canon. En las ciudades del mundo, la solución al problema de los desechos funciona perfectamente acorde con los requisitos técnicos que el proceso exige, inclusive los municipios suelen competir entre sí para ser sede permanente de esas plantas, considerando las ventajas económicas que para una municipalidad supone administrar un vertedero regional correctamente construido. Aquí, por el contrario, todo el mundo cree que una planta de estas es un grave problema, cuando más bien suele tratarse de un interesante polo de impulso económico. Es natural que en nuestro país los vecinos teman que les instalen un vertedero o una planta recicladora de desechos cerca de su casa. Ellos saben que las decisiones al respecto no se tomarán en los gabinetes técnicos, sino en las claques políticas. El problema que ocurre en Cateura también se presenta en las principales ciudades del país.

De tan viejo y debatido, el inconveniente de los residuos o desechos domiciliarios que se administran en Asunción, que van a parar al vertedero municipal de Cateura, puede estar causando agotamiento y hastío en la ciudadanía. Este problema es del tipo de los que parece no tener solución en nuestro país, no por el lado de la carencia de tecnología, sino por la debilidad de las autoridades que tienen que hallarle la solución adecuada.

Cada cierto tiempo, se anuncia que el vertedero Cateura está al borde de su capacidad física de continuar recibiendo desechos sin comprometer gravemente la contaminación ambiental. En el infausto caso de que alguna vez las aguas crecidas del río Paraguay lo inunden, aseguran los expertos, el daño sería tan grande que hasta tendríamos que indemnizar a países vecinos por la pérdida de incalculables variedades de la fauna íctica del curso de agua compartido, entre otros daños cuantificables y no cuantificables en dinero.

Los anuncios municipales de tomar la determinación de clausurar Cateura datan ya de al menos dos décadas, según pronunciamientos sucesivos de los concejales e intendentes que se fueron sucediendo a lo largo en este lapso. En vez de eso, lo convirtieron en un negocio, permitiendo que ciudades vecinas también arrojen allí sus desperdicios, a cambio de un canon.

A cargo de ese negocio se halla, desde el año 2005, la empresa concesionaria Empo, la cual alega cláusulas del contrato original en las que la Municipalidad de Asunción se compromete, como condición previa a la clausura de este vertedero, a construir una planta de transferencia de residuos reciclables, para clasificarlos y disponer lo necesario para su reutilización y la eliminación de lo no aprovechable, de manera inocua para la salubridad general de humanos, animales y vegetación, así como para el equilibrio ambiental.

Desarrollar este proceso, con sus construcciones adecuadas y otros accesorios, costaría casi 22 millones de dólares, cifra que, de compararse con otras obras públicas, es una ganga. Esto está siendo reclamado verbalmente por el concejal colorado Julio Ullón, de la Junta capitalina, quien, haciéndose eco de la voz de su cuerpo colegiado, exige que se suspenda el acuerdo con municipalidades vecinas para dejar de admitirse sus residuos en Cateura.

Lo pintoresco –fenómeno muy característico de nuestra cultura local– es que estas medidas de prudencia aconsejadas por los entendidos en la materia, que toda persona sensata reconoce que son socialmente necesarias y urgentes, no obstante, encuentran toda clase de objeciones y obstáculos en su camino. Los vecinos de los lugares que se anuncian como adecuados para instalar plantas de reciclado se manifiestan oponiéndose férreamente; los trabajadores de Cateura, vulgarmente llamados “gancheros”, protestan airadamente porque se les privará de su fuente de sustento económico; y habrá otros que se quejarán de diversos inconvenientes más, reales o imaginarios.

En las ciudades del mundo, la solución al problema de los desechos funciona perfectamente acorde con los requisitos técnicos que el proceso exige, inclusive los municipios suelen competir entre sí para constituirse en sede permanente de esas plantas, tomando en consideración las ventajas económicas que para una Municipalidad supone administrar un vertedero regional correctamente construido y administrado.

Aquí, por el contrario, todo el mundo cree que una planta de estas es un grave problema, cuando más bien suele tratarse de un interesante polo de impulso económico para el barrio o la compañía rural que la aloje. Una instalación así, correctamente hecha, crea nuevos empleos y oportunidades de negocios pequeños y medianos a su alrededor, no contamina su entorno, no produce inconvenientes menores como ruidos y trepidaciones, no despide olores desagradables.

Lo que pasa en nuestro país es que, una vez más, para tratar este tema hay que considerar dos factores negativos que en esas otras ciudades no necesitan ser incluidos en los debates de obras de esta naturaleza: el factor cultural y el factor político.

En el ámbito de lo cultural, hay que tener en cuenta el bajo nivel de formación e información de la población en general, en particular de la que va a ser directa o indirectamente afectada por el proceso. En el ámbito político, es preciso tener en cuenta la desconfianza generalizada, basada en dos posibilidades: la de que el costo económico final sea groseramente sobrevaluado, y la de dar oportunidad a los negociados de quienes tienen poder de decisión en la materia.

Es natural que un vecindario paraguayo tema que le instalen un vertedero o una planta de reciclamiento de desechos a la vera de sus casas, aunque los argumentos de su conveniencia económica sean los más serios y convincentes. Ellos saben –todos sabemos– que, al final, las decisiones al respecto no se tomarán en los gabinetes técnicos, sino en las claques políticas. Y es aquí donde la confianza desaparece y ningún argumento sirve ya. Los fantasmas de la corrupción, de las componendas, de los negociados, aparecen en las mentes con la enorme fuerza que imprime la pésima experiencia acumulada, que no ocurre solamente en Cateura sino que se presenta también en las principales ciudades del país.

En lo referente a nuestra capital, más allá de todo esto, existe una realidad que se nos aplasta en el rostro a los asuncenos, y a todos los habitantes de la ribera meridional del río Paraguay y sus proximidades: el vertedero de Cateura ya no resiste, es una bomba de tiempo, como tantas veces se la describió ya. Se convirtió en un peligro para valores que son mucho más importantes que las conveniencias o inconveniencias de algunos grupos de personas: puede significar muertes, destrucción e inhabilitación de un vasto territorio para toda forma de aprovechamiento por mucho tiempo. Es un precio demasiado alto para pagar por la negligencia, indiferencia, la falta de iniciativas y de coraje de las autoridades municipales para poner fin a este gravísimo riesgo, no solo para Asunción y sus alrededores, sino para todo el país.

Fuente: abc.com.py

Foto: ABC